Viceministra de Protección Social

Ministro Alejandro Gaviria y Viceministra Carmen Eugenia Dávila

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Teniendo en cuenta la situación financiera actual del sistema de salud colombiano, la Viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila, en entrevista con  CONSULTORSALUD habló sobre las medidas que desde el Ministerio se están tomando frente a la situación, trató temas clave como lo es la UPC, la iliquidez de los hospitales, los servicios no Pos, Caprecom, entre otros.

CONSULTORSALUD: Hemos escuchado con insistencia y profunda preocupación, que el gobierno NO puede poner dinero para paliar la deuda acumulada, bajo el argumento que “ese dinero ya se giró o ya se canceló a las EPS”, y que apalancarlo gubernamentalmente constituiría un peculado, lo cual visto desde esa óptica sería correcto.

Sin embargo, consideramos que el faltante estructural que ha mencionado, inequívocamente nos lleva a considerar, que el cálculo macroeconómico de la UPC, estuvo incorrecto por años (se hizo por lo bajo), abriendo la posibilidad de buscar e inyectar recursos frescos, para sofocar en algo, la agobiante crisis de iliquidez, rellenando ese mal cálculo histórico (sin temores de ilegalidad alguna), al tiempo que se exige a las EPS, ponerse al día con las obligaciones derivadas del riesgo que si se pagó, a través de la UPC.

¿Ustedes consideran esa posibilidad? ¿Se ha realizado un estudio actuarial de la UPC que pueda soportar esta hipótesis y la toma de decisiones?

Viceministra: El cálculo de la UPC se hace, actualmente, con base en una metodología técnica que se ha venido mejorando con el tiempo y con la información que los mismos agentes entregan al Ministerio.

El  sistema  ha  venido  reconociendo  con  recursos  del  FOSYGA  y  de  las Entidades Territoriales cuantiosas sumas por prestaciones no incluidas en el POS, ordenadas muchas veces por fallos de tutela.

Sobre estas tecnologías, debemos decir que no en todos los casos su eficacia está probada y muchas son servicios sociales complementarios como por ejemplo, cuidadores.

Para asumir los costos del No POS, el sistema no estaba preparado financieramente desde su concepción inicial. El pago de estas prestaciones ha generado afectación de la liquidez que debe orientarse al pago de deudas POS y como consecuencia de esto se han originado unas carteras de difícil manejo.

Adicionalmente, tenemos en los últimos años la presión de frecuencias de uso de los servicios que se ha tenido en cuenta en los costos de la UPC, pero la presión por la demanda de algunos servicios, particularmente, de los medicamentos se produce de manera permanente.

Por esta razón, la política de entrada de nuevas tecnologías al país debe ser cuidadosamente revisada con fundamento en las normas establecidas en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Existen también unas deudas de las entidades territoriales con las EPS y de estas a su vez con los Prestadores de Servicios de Salud que se están terminando de sanear de acuerdo con las facultades de la Ley 1450 de 2011.

Paralelamente, con la aparición de estos problemas financieros, también se evidenció una afectación importante de los patrimonios de las EPS y el crecimiento excesivo de los niveles de endeudamiento con proveedores y prestadores.

Esta  situación  está  en  vía  de  corregirse  con  la  reglamentación  de  los requisitos de habilitación financiera consagrados en el Decreto 2702 de 2014 que obliga a las EPS a constituir un régimen de solvencia que implicará la inversión de cerca de 5 billones de pesos en capitalización.

No obstante lo anterior, han existido también problemas de gestión que han agravado la situación del sector, como por ejemplo los evidenciados en Caprecom que tiene un nivel de endeudamiento alto con los prestadores y proveedores de servicios de salud. La situación de Caprecom deberá ser resuelta por el Gobierno en el corto plazo y en eso estamos trabajando.

CS: ¿La UPC realmente está bien calculada, y alcanza para prestar todos los servicios que el POS incluye hoy, y los que incluirá con  la  puesta  en  operación  plena  de  la  Ley  Estatutaria?. Si  es así, entonces ¿Cómo explicamos tantas barreras de acceso al goce efectivo de este derecho y porqué se acumula tanta cartera?

Como mencioné antes, el cálculo se realiza con un método técnico aprobado desde 2004 por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que se ha venido ajustando en los últimos años por la CRES y el Ministerio de Salud.

El valor de la UPC se ha incrementado de manera significativa por concentración de siniestralidad en algunos municipios del país y se ha hecho un esfuerzo financiero importante con la igualación de la UPC del régimen subsidiado con el régimen contributivo. Cada vez más, los actores han mejorado en el reporte de información y la base de suficiencia que sirve para este cálculo ya tiene acumulada información de 10 años.

La Ley estatutaria impone nuevos retos en materia de cálculo de la prima, por cuanto debemos trabajar a partir de exclusiones, pero a su vez tiene que existir una cobertura asegurable. Esto nos obliga a definir una nueva metodología para establecer de manera consensuada con los usuarios del Sistema, la comunidad médica y los distintos agentes las exclusiones y el método de costeo de la prima.

CS: ¿No es muy peligroso generar un endeudamiento extra en las EPS, mediante el instrumento de compra de cartera, a sabiendas que esta fórmula conduce a un debilitamiento de la UPC, y por ende es foco de nuevas obligaciones incumplidas hacia el futuro?

La compra de cartera ordinaria se maneja con límite por EPS, el cual hace referencia al gasto administrativo. A partir de 2015  se están colocando cerca de $35.000 millones al mes, más la compra extraordinaria anunciada para agosto que será de aproximadamente de $120.000 millones.

En situaciones de iliquidez es importante que se generen instrumentos para movilizar recursos frescos y apuntar a una reestructuración de pasivos vencidos con los prestadores hacia pasivos de largo plazo con el FOSYGA a través de la subcuenta de Garantías, o con la Banca Comercial.

Es necesario que los inversionistas y la banca tengan  en cuenta que el sector salud es un sector de la economía del país con una estructura de financiación asegurada, un mercado asegurado y un flujo futuro de recursos importante. Se trata de un sector en expansión, con un futuro certero y un pasado complejo por el monto de las deudas que debemos terminar de resolver entre todos.

El Gobierno viene ejecutando una política de saneamiento de pasivos desde el año 2011 que ha avanzado de manera significativa.

CS: ¿Está el Gobierno Nacional y el Ministerio, recibiendo y/o escuchando ofertas de firmas e inversionistas internacionales, que podrían estar interesados en vincularse al sistema de salud colombiano, bien sea comprando EPS y/o redes de prestadores de servicios de salud? Si es así, ¿Cuáles son estas firmas y que se espera de ellas en el corto plazo?

Sí se han presentado algunos inversionistas extranjeros para   conocer la situación del sector y sus perspectivas por su interés en realizar inversiones en el sector salud en EPS, pero particularmente en Prestadores de Servicios de Salud.

El sector de prestadores de servicios de salud ha tenido una expansión importante en los últimos años con inversiones cuantiosas en infraestructura que se estiman en más de 3 billones de pesos y nuevas formas de negocio en torno a la prestación como el turismo en salud.

CS: ¿El Ministerio mantendrá el esquema de EPS, o se decantará como lo planteaba la reforma ordinaria que no se aprobó, por el nacimiento de Empresas Gestoras de Salud? ¿Hay alguna empresa nacional o internacional  que  se esté perfilando  para  cumplir  con  este nuevo “fenotipo” empresarial?, ¿Qué plazo se tiene para este tema?

El  Gobierno  no  está  pensando  en  nuevas  iniciativas  legislativas  que  den marco para un nuevo tipo de Empresas que gestionen la salud.   La institucionalidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud es la prevista en la Ley 100 de 1993.

CS: Los superpoderes que le fueron asignados al Superintendente Nacional de Salud (fusionar, ceder afiliados, ordenar recapitalizaciones, iniciar desmontes progresivos, etc), en conjunción con el artículo igualmente aprobado en la ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, que faculta plenamente a su despacho, hace  pensar que estamos próximos a ver decretada una emergencia sanitaria por falta de provisión de servicios de salud. De llegarse a dar tal escenario sectorial, ¿Cuáles serían las primeras medidas que adoptarían su despacho y el Superintendente Nacional de Salud? ¿Podríamos esta cercanos a ver una reestructuración total del sistema y sus actores? ¿Es esa una salida que está buscando el gobierno?

Una reestructuración total del Sistema se debería dar en el marco de una reforma  y    como  acabo de mencionar, el  Gobierno no está planteando nuevas iniciativas legislativas con ese enfoque.

No se ha pensado en decretar una emergencia sanitaria por falta de provisión de servicios, porque los servicios se están prestando, las personas cada vez acceden a más tecnologías en salud; al año se producen cerca de 400.000 millones de actividades, los prestadores facturan estas actividades y sus ingresos  han  crecido  sustancialmente  en  los  últimos  años. Por  lo  tanto hablar de una falta de provisión de servicios de salud en los últimos años, no es un escenario real.

Las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud resultaban limitadas para efectos de lograr un control más eficiente de las EPS, IPS y demás vigilados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta es fundamentalmente la razón de la ampliación de las competencias para el ente de control con el  fin  de  conjurar  la  situación  de  deterioro en las entidades de aseguramiento que se venía observando hace varios años.

Al contar con facultades precisas y claras en materia de control, la Superintendencia   Nacional de Salud podrá disminuir los riesgos que presenten entidades con problemas financieros o de prestación, o corregir las deficiencias que presenten entidades particulares, en beneficio de la prestación de los servicios de salud de forma adecuada y oportuna.

En todo caso, las exigencias del Decreto 2702 de 2014, plantean una ruta de capitalización y compromiso de las EPS con el SGSSS y esto obligará muy seguramente a una depuración  del mercado de aseguradoras. 

CS: El salvamento de los hospitales públicos, es un tema de máxima prioridad sectorial; podríamos esperar que haya una vuelta atrás, en la política de subsidios a la demanda, y el gobierno retome el manejo del sistema nacional de salud, es decir ¿se aplique subsidios a la oferta de manera generalizada para las ESE? ¿Desde cuándo aplicarían tales medidas? ¿Existirían algunas condiciones particulares para acceder a este sistema? ¿Cuáles serían?

El salvamento a los hospitales públicos del país se está dando con la estructuración de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero aprobados por la Ley 1608 de 2013 que viabiliza además recursos parasu financiación. Existen más de 260 hospitales públicos en estos programas de saneamiento que tienen un horizonte promedio de 5 años de ejecución y que en un año de ejecución están presentando resultados positivos.   Estos programas tienen un enfoque integral y con la experiencia y rigor de la DAF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Gobierno está convencido que  vamos  a  avanzar  en  una consolidación  de  estas  entidades  con proyección de largo plazo.

Pese a lo anterior, hay algunos lugares del país donde la venta de servicios de los hospitales públicos puede no ser suficiente para su sostenimiento. En estos lugares será necesario pensar en un subsidiado a la oferta desde el Estado. Consideramos que la discusión amplia de este tema debe darse en el marco de la modificación de la Ley 715 de 2001.

Sin embargo, el Gobierno Nacional en el 2014 expidió el Decreto 2273 de 2013 para aquellas zonas que por sus condiciones de accesibilidad requieren garantizar este subsidio a los prestadores de servicios de salud con infraestructura pública; sin embargo la posibilidad de otorgar el subsidio está sujeto a los excedentes con los que cuenten las Entidades territoriales. Dentro  de  esta  alternativa  ya  se  encuentran  departamentos como San Andrés y Guainía.

Finalmente, el Gobierno no ha considerado la posibilidad de regresar a un Sistema Nacional de Salud similar al que existía antes de la Ley 100 de 1993, caracterizado por la ineficiencia, la escasa productividad de los prestadores públicos y el limitado acceso a los servicios de salud de la población del país, sin que existiera un derecho individual de la persona en salud  que es la ruta que  definió  el  país  en  la  Constitución  del  91  y  que  consolida  la  Ley estatutaria

CS: Su propuesta de cobrar un 20% de impuesto a las bebidas azucaradas no alcohólicas, como a los alimentos altos en calorías, idea que no fue bien vista por el gremio de las gaseosas, ni por el Ministro de Hacienda,   sin   embargo,   hace   parte   de   la   reforma   tributaria presentada ante la comisión de expertos. ¿Cómo beneficia esta iniciativa a la salud de los colombianos y especialmente a las finanzas del sistema?

Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes tipo 2, entre otras enfermedades no transmisibles, suelen estar asociadas al exceso de peso y a la obesidad. Según cifras de la OMS las enfermedades no transmisibles - ENT se han convertido en la principal causa de mortalidad y discapacidad  mundial.  La  Organización  Panamericana  de  la  Salud  -  OPS estima que al año mueren 30 millones de personas en el mundo por causa de alguna de estas enfermedades y en Colombia más de 110 mil fallecen por enfermedades crónicas como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los padecimientos pulmonares.

Los impuestos a las bebidas azucaradas han sido parte de la respuesta que algunos gobiernos han considerado, con el fin de responder al creciente consumo de estas bebidas y conello, a los problemas de obesidad y diabetes en la  población.  Actualmente, las  bebidas  azucaradas  representan casi  la mitad del consumo de azúcar diario.

Ante la necesidad de nuevos recursos y la tendencia creciente de los indicadores de obesidad y diabetes, el impuesto a las bebidas azucaradas es una de las estrategias que el Ministerio de Salud y Protección Social –ha propuesto a la comisión de expertos del Ministerio de Hacienda para ser presentada al Congreso de la República.

CS: El  recorte  al  presupuesto nacional  para el  año 2016, hace  que  el sector salud deje de recibir un 1 billón de pesos en un momento en el que sus finanzas están en alerta roja ¿Qué medidas se van a tomar para que este recorte no afecte la salud de los colombianos?

El Sistema de Salud recibirá mayores recursos que en el año 2015. No obstante se requieren más recursos por cerca de $1 billón y este valor adicional  se está analizando con el Ministerio de Hacienda. En cualquier escenario, el país deberá garantizar la continuidad de la cobertura lograda y los beneficios que hoy existen para la población; además de cumplir los retos que nos impone la Ley Estatutaria. Naturalmente, esto implicará mayores recursos.

CS: En el plan de choque presentado por usted para salvar las finanzas de los hospitales  del país, se plantea una inversión de 1,5 billones de pesos ¿Por qué tomaron hasta ahora esas medidas si los hospitales de todo el país desde hace rato estaban pidiendo ayuda por parte del Gobierno Nacional? ¿De dónde salen esos 1,5 billones de pesos,  del ministerio o de los aportes de los usuarios? O de las EPS?

El Gobierno desde la Ley 1450 de 2011 planteó medidas para sanear los pasivos entre los municipios y las EPS; posteriormente vino el Decreto  Ley  019  que  plantea  medidas  para  sanear  las  glosas  del FOSYGA por recobros No Pos y aspectos relacionados con la simplificación de procesos que redundan en mejor flujo de recursos, y después la Ley 1608 de 2013 y las Leyes del Presupuesto General de la Nación, mediante las cuales se han tomado una serie de medidas para avanzar en el saneamiento de pasivos del sector, la viabilización de recursos para este saneamiento.   Estas normas, en todos los casos, han tenido la premisa fundamental de que los recursos reconocidos se giren directamente a los prestadores de servicios de salud.

Las medidas anunciadas en el Plan de Choque, son adicionales a las que ya se han venido tomando y particularmente se plantea que sean ejecutadas entre los meses de agosto a diciembre de 2015.

Recientemente  fue  aprobado el Decreto el 1681  que le  permite al Ministerio realizar operaciones financieras a través de las cuales se podrán inyectar los recursos anunciados. Por ejemplo, este decreto nos permite estructurar una línea de crédito por un 1 billón de pesos en plazos largos, destinada a otorgar liquidez y saneamiento de pasivos a través  de  Findeter.  En el caso  de las EPS, estos  créditos estarán destinados a que las mismas paguen las deudas que tienen con los prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud incluidos en el POS.

También se está realizando una compra de cartera excepcional por $120.000 millones de pesos que serán girados directamente a los prestadores de Servicios de salud en los próximos días.

Finalmente se expidió la reglamentación del artículo 97 de la Ley del Plan,  el   cual   permite  a  las  Cajas  de  Compensación  utilizar  los excedentes del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, en el saneamiento de pasivos con los prestadores. Según la información reportada por estas entidades al Ministerio, el monto es cercano a los $413.000 millones.

Todo  lo  anterior  además  de  la  gestión  exhaustiva  de  la Superintendencia Nacional de Salud en el control del giro directo y la aclaración de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de los diferentes agentes pagadores y de los prestadores de servicios de salud.

CS: Las quejas   por el hueco fiscal en la salud según las EPS, Hospitales, Clínicas, médicos y pacientes es que los recursos no llegan a tiempo, los hospitales culpan a las EPS y las EPS a las entidades territoriales, sumado a los casos de corrupción en algunas entidades ¿Cuál es la verdadera razón del hueco fiscal que tiene el sistema?

Una crisis tan compleja no se puede atribuir a una sola causa. El país viene experimentando un cambio demográfico y mayores presiones tecnológicas que han presionado un mayor gasto en salud.

En el pasado, tuvimos un crecimiento exponencial de los servicios que no estaban incluidos en el Plan de beneficios lo que presionó mayores gastos en el sector. Esto hizo que el país gastara más de lo que tenía.

Ahora es necesario tener un contrato social coherente, es decir, que exista coherencia entre lo que la sociedad aporta y lo que demanda. Todos queremos acceder cada vez a más tecnologías, mayor oportunidad y mejor calidad de los servicios, pero esto tiene unos costos que la sociedad debe asumir y que por ahora no están plenamente financiados.

A lo anterior se suma que por varios años no existió un real régimen de solvencia para las EPS. Lo que se manejaba en particular en las EPS del régimen subsidiado era un régimen centrado en temas de liquidez y no de solvencia que permitiera tener unos patrimonios que soportaran la operación del asegurador y respaldar dicha operación en momentos de crisis como los que se empezaron a evidenciar hace unos años.

Todo  lo  anterior  además  de  la  gestión  exhaustiva  de  la Superintendencia Nacional de Salud en el control del giro directo y la aclaración de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de los diferentes agentes pagadores y de los prestadores de servicios de salud.

CS: ¿Por qué no hay sanciones ejemplarizantes con responsables claros por esta gigantesca crisis de iliquidez e insolvencia sectorial? ¿Qué está haciendo el Ministerio para evitar que se sigan perdiendo recursos o usando de manera inadecuada?

Las sanciones las impone la Superintendencia Nacional de Salud y los demás órganos de vigilancia y control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Conocemos que han existido sanciones por problemas relacionados con el flujo de recursos o incumplimientos del ordenamiento legal tanto a EPS como a Prestadores de Servicios de Salud y, adicionalmente, como es conocido por la opinión pública, se dieron intervenciones a los actores que no estaban operando conforme a la ley y en muchos casos se ordenó su liquidación.

CS: Los servicios No Pos y la entrada de nuevos medicamentos son una de las causas del problema ¿Qué se está haciendo al respecto para que no se sigan aumentando las deudas por estos servicios?

En primera instancia la actualización del plan de beneficios, que se ha venido realizando de manera progresiva en los últimos años, tiene como objetivo que estas demandas por el No Pos se disminuyan.

En el marco de la Ley estatutaria y la redefinición del plan de beneficios con seguridad el No Pos va a reducirse de manera significativa. No obstante, los agentes deben ser conscientes de que el SGSSS no cuenta con fondos ilimitados para pagar por todo al precio que sea y por esta razón hemos hablado de la necesidad de un nuevo contrato social donde todos nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son las prestaciones que se van a pagar con recursos del Sistema. De lo contrario la sociedad tendrá que pensar en nuevos aportes o nuevos impuestos para financiar las demandas cada vez más crecientes.

Por otro lado, tenemos la regulación de precios a medicamentos que le ha representado ahorros por más de $1 billón al sistema.

CS: Caprecom es una de las EPS que más le adeudan a los hospitales y clínicas, pero además es la de mayor número de usuarios del subsidiado en el país. ¿Qué va a pasar con la EPS y especialmente con los usuarios sin que se vea afectado el servicio? ¿Pagará el Estado todas las obligaciones de Caprecom? ¿En cuanto tiempo? y ¿Qué plazo final tiene Caprecom para terminar  un desmonte definitivo?

 Se está trabajando al interior del Gobierno en una solución estructural o definitiva a la crisis por la cual atraviesa Caprecom.

Cualquier solución que se presente deberá garantizar la continuidad de la afiliación y de  la adecuada prestación de los servicios a todos los afiliados de la EPS. Asimismo, esta estrategia deberá considerar el pago a los prestadores de los servicios que efectivamente se hayan garantizado a los afiliados.

Por ahora, se está realizando la salida organizada de algunos departamentos en los cuales ha tenido problemas de flujo y prestación de servicios, como son el caso de Chocó y Antioquia.

CS: El Decreto 2702 de 2014, indudablemente contiene importantes beneficios que buscan una estabilidad económica futura del sistema de salud y de las EPS; sin embargo, la exigencia que tienen las EPS, de crear una reserva sobre obligaciones pendientes conocidas, no puede convertirse en un incentivo perverso, para que las EPS comiencen a no autorizar servicios o a dilatarlos (aún más en el tiempo), para no tener que reservar (congelar) esos dineros. ¿Cómo se va a controlar este delicado tema que puede haber generado una nueva barrera de acceso de manera indirecta?

El decreto de ninguna manera plantea la posibilidad del no pago de las acreencias. Por el contrario, de manera explícita, dice que deben pagarse en los plazos establecidos en la Ley.

La constitución de la reserva técnica tiene un afecto en el pasivo y en cuanto al  régimen  de  inversiones    en  el  activo,  por  lo  que  no  tendría  sentido acumular recursos en el activo que pudieran usarse para disminuir el pasivo originado en el cálculo de la reserva, disminuyendo con esto el patrimonio que también tiene que incrementar para soportar la operación (patrimonio adecuado).

Por lo tanto no consideramos que esto pueda ser un incentivo perverso, por el   contrario, es el   camino seguro para el saneamiento del sector y el adecuado  uso  de  los  recursos  de  la  prima  y  contiene  los  principios  del régimen de solvencia de cualquier actividad aseguradora.

CS: En todos los hospitales del país ha habido manifestaciones por los problemas financieros, pero hay cuatro casos específicos el Hospital del Valle, Antioquia, Santander y la Costa Caribe. ¿Qué medidas están tomando para solventar la crisis en esos departamentos?

La situación de   la red prestadora de servicios de salud en estos departamentos es en algunos casos compleja.  Sin embargo las causas y  las  soluciones  son  distintas.  Mientras  en  Antioquia  se  da  una situación de cartera en una de las principales EPS de la región por el no pago del No POS de los afiliados al subsidiado, en el Valle se suma a esta misma causa problemas de gestión del Hospital Universitario, particularmente, en la facturación de los servicios de salud.

En este sentido, la salida a los problemas es distinta y se abordará dependiendo de la circunstancia con las diferentes medidas diseñadas en el plan de saneamiento y en el plan de choque.  Frente al caso particular del Valle se realizó una revisión puntual para el pago de los servicios NO POS, con lo cual se generó un compromiso de pago por cerca de $58.000 millones.

CS: La resolución 1479 de 2015, eliminó los recobros por servicios NO POS en el régimen subsidiado, lo cual es una gran noticia. De ella, se desprende una gran sombra de duda, en la verdadera capacidad que tienen las direcciones  departamentales  y  distritales  de  salud, para atender el volumen y el costo de estos derechos fundamentales, de manera oportuna y completa.

¿Cómo va a garantizar el Ministerio de salud, la suficiencia de los recursos girados a estos territorios, para que no colapse la prestación de servicios NO POS en los próximos tres (3) meses, debido a la incertidumbre en el pago que ya presienten los prestadores, y anunciaron algunos secretarios de salud?

¿Qué deben hacer los pacientes cuando, a pesar de tener una CTC favorable, o una acción de tutela de respaldo, no les entreguen los medicamentos o no les realicen los procedimientos NO POS? ¿Es la tutela, un mecanismo que también está colapsando, frente a la impotencia de los actores de cumplir con sus compromisos?

Lo que hizo la Resolución 1479 es conectar directamente al prestador de los servicios de salud con el pagador de dichos servicios que en este caso es la Entidad  Territorial.    Las  EPS  no  tienen  responsabilidad  de  pago  de  los servicios no POS aunque sí tienen la responsabilidad de garantizar la atención del paciente.

Los recursos para pagar lo no POS antes y después de la Resolución 1479 son los mismos.  El sistema y los agentes que muchas veces inducen la demanda de servicios  deben entender que no hay fondos ilimitados para el pago de los No POS.

CS: Finalmente, ¿se sigue creyendo que no es necesaria una reforma estructural para lograr la sostenibilidad del sistema, o se está cambiando de opinión?

No  creo  que  sea  necesaria  otra  reforma para  lograr la sostenibilidad del Sistema.  Las reformas ya se hicieron con la Ley Estatutaria y con la Ley del Plan, entre otras leyes expedidas desde la Ley 1438 de 2011. Para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud necesitaremos nuevas fuentes pero esto no implicará un cambio en las instituciones y agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 

CONSULTORSALUD agradece al Ministro de Salud Dr. Alejandro Gaviria, y la Viceministra Dra. Carmen Eugenia Dávila por su amable colaboración con esta entrevista, en estos momentos claves del sistema de salud colombiano.

 

Entrevistador: 
ConsultorSalud
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