Procuraduría investiga financiación de campañas políticas con recursos de la salud

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El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de investigaciones disciplinarias por posibles casos de corrupción al interior de la Empresa Social del Estado de Santa Marta, Alejandro Prospero Reverand, en relación con el uso de recursos de la salud para financiar campañas políticas.

En su visita a la capital de Magdalena, Carrillo afirmó que “con los recursos de la salud, lo digo y lo subrayo, no se pueden financiar campañas políticas, eso es un acto clarísimo de corrupción” y que tratarán de establecer si desde esta ESE, encargada de la prestación de los servicios de salud en la ciudad de Santa Marta, se habrían financiado campañas políticas.

Adicionalmente,  son objeto de indagación presuntas irregularidades en la suscripción de contratos directos en los últimos años por más de $9.500 millones, sin cumplir el requisito de la pluralidad de oferentes. Al parecer, existen “contratos asignados a empresas de papel o en liquidación, a empresas que no tienen músculo financiero o la idoneidad requerida” y además, la Procuraduría está indagando el presunto uso de los recursos de la salud en cesantías retroactivas y contratación de personal misional mediante una tercerización indebida, vulnerando los derechos de los trabajadores.

De los 33 procesos que investiga el órgano de control, 30 son coordinados desde la Procuraduría Provincial de Santa Marta y los tres más importantes fueron trasladados hasta la ciudad de Bogotá. Algunos de ellos son:

ESE Alejandro Próspero Reverand

La Procuraduría adelanta en este caso 30 investigaciones, por presuntas irregularidades como la suscripción de contratos de más de $9 mil 500 millones por contratación directa a empresas de papel, en liquidación, que no tienen músculo financiero y que no cumplen con requisitos para la prestación del servicio.

Carrusel de financiación de campañas políticas

El procurador señaló un nuevo carrusel de financiadores de las campañas políticas, que después son contratistas del hospital. “Eso no son sólo eslabones de corrupción sino que se está afectando el derecho a la salud de la población más vulnerable de la región. Si hay algo que hay que terminar es la politización de los hospitales regionales y la muestra es el hospital del departamento”.

El jefe del ente de control aseguró que la Procuraduría está abierta para recibir las declaraciones y denuncias de los ciudadanos sobre presuntos actos de corrupción al interior del Ministerio Público, pero advirtió que “aquí vamos a proceder es con argumentos, con testimonios y no con rumores de pasillo”.

 

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