Procuraduría alerta sobre crisis en la EPS Cafesalud

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Procuraduría alerta sobre crisis en la EPS Cafesalud

En un artículo publicado por el periódico El Tiempo se advertía de una posible crisis dentro de la EPS Cafesalud, citando una carta enviada por la Junta Directiva al Ministro Alejandro Gaviria, en el que le manifestaban la urgencia de que el Fosyga desembolsará $250 mil millones que le debe a la entidad, además le solicitan una recapitalización que permita solucionar los problemas financieros y el pago de las deudas que superan los $600 mil millones.

El Ministro Alejandro Gaviria, en una reunión el jueves pasado con los miembros de la junta directiva de la entidad, desmintió que las directivas de la entidad hayan solicitado una recapitalización y puntualizó que el Gobierno Nacional no dispondrá de recursos públicos para Cafesalud, pero garantizó que se está gestionando la cancelación oportuna de los dineros que le adeuda el Fosyga a la entidad.  

Sumado a los problemas financieros que afronta la EPS, están las constantes quejas que a diario presentan los usuarios por las deficiencias en el servicio de salud en algunos municipios del país, que llegan a 500 mil mensuales. Según un informe de la Defensoría del Pueblo evidencia un aumento del 17,4% en las tutelas interpuestas en contra de la EPS, además de las 7.000 sentencias judiciales por desacato y 3.800 órdenes de captura contra funcionarios por no cumplir estas órdenes de amparo.

La EPS que cuenta con más de 4 millones de afiliados en todo el país, no cuenta con la capacidad para llegar con su red de servicios de primer nivel a más de 67 mil personas en 233 municipios. Por lo que el ministro considera necesario que Cafesalud  se retire de algunos departamentos y municipios donde no se cuenta con la capacidad de dar atención de alto nivel.

Advertencia de la Procuraduría

En un comunicado emitido por la Procuraduría, ratifica su preocupación frente a la actual situación de Cafesalud, por lo que les solicitan al Ministro de Salud y a los miembros de la junta directiva de la EPS “que mire hacia adelante y dejen de mirar con espejo retrovisor”.

Para la Procuraduría es claro lo que está pasando en la entidad, y por eso cita el comunicado  suscrito por los miembros de la junta directiva dirigida a la Comisión Séptima del Senado de la República, radicada a su vez en la Procuraduría General de la Nación el 6 de septiembre de 2016, y que presenta en forma detallada los arbitrarios “sobrecostos” en numerosos contratos de prestación de servicios de salud y de apoyo administrativo identificados y denunciados por su actual administración, -iniciada el 1 de abril de 2016- y que fueran suscritos por la anterior presidencia, a la cabeza de  Guillermo Grosso Sandoval, antiguo interventor de la hoy liquidada SaludCoop EPS.

Además cuestiona las declaraciones dadas por el Ministro Gaviria, frente al interés de agilizar el pago de dinero por parte del Fosyga “siempre y cuando Cafesalud entregue las cuentas a tiempo y de manera correcta”, algo que para el ente de control podría implicar que no se estarían cumpliendo normas vigentes, respecto del proceso de recobros.

Difícil situación jurídica

El Ministerio público asimismo manifiesta su preocupación por la débil estructura jurídica de la EPS, recién capitalizada con dineros del Fosyga, que pone en riesgo la libertad de los directivos de la empresa e introduce nuevas barreras de acceso a los servicios de salud de pacientes protegidos por acciones judiciales contra las antiguas SaludCoop y Cafesalud, como las crecientes tutelas, “originadas por la desbordante ineficiencia de una empresa que heredó, sin estar preparada para ello, el enorme peso de los cuestionamientos de la liquidada SaludCoop” 

Estos graves acontecimientos se unen a las advertencias de la Procuraduría sobre los riesgos que representarían las tres premisas sobre las cuales se sustentó la decisión:

1. Continuidad en la afiliación de más de 4.5 millones de personas, representada en acceso oportuno, continuo, con calidad y seguridad a los servicios, más allá de la pertenencia del afiliado al sistema de salud.

2. Pago a los prestadores de servicios y proveedores, que se ha visto entorpecido por la desconfianza al soportarse en un sistema de información “colapsado” y por las denuncias de los sobrecostos y el favorecimiento en la contratación protagonizado por la anterior administración. Además, el flujo de dinero público y de los aportes de los trabajadores y los empresarios, 

3. La menor afectación a los trabajadores que por años prestaron sus servicios al “Grupo Empresarial SaludCoop” y cuya situación sigue sin aclararse.

Los resultados son evidentes en: 1) la afectación del estado de salud de los usuarios, 2) el incremento en la búsqueda de las decisiones judiciales que protejan el vulnerado derecho fundamental a la salud, y 3) las amenazas a la inversión de recursos públicos y de los aportes de trabajadores y empresarios que financian el sector salud.

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