 ULAHY BELTRÁN LÓPEZ .
Varias son las medidas que restan aun por adoptarse por parte del gobierno nacional durante la actual Emergencia Social decretada por el ejecutivo el pasado 23 de diciembre de 2009, y que se motivó por la crisis financiera del sector salud. Hasta el momento el gobierno ha asignado recursos extraordinarios para pago de parte de las deudas que tienen los entes territoriales con IPS privadas y hospitales públicos por concepto de atención de pacientes vinculados o no afiliados al sistema de seguridad social, y por atenciones “No POS” del régimen subsidiado.
Igualmente, se anuncia que para atender a futuro el pago de las atenciones no contempladas en el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado, se creará una cuenta nacional que se encargará de financiar estas obligaciones que hasta ahora vienen siendo responsabilidad de los entes territoriales.
Sin embargo, es muy probable que en los próximos días estas medidas de disponibilidad de nuevos recursos se complementen con otras que incluyan contención de costos y ahorro de recursos en los procesos operativos de las entidades hospitalarias del sector oficial, también conocidas como Empresas Sociales del Estado.
Es innegable que hoy algunas Empresas Sociales del Estado, principalmente las de baja complejidad o del primer nivel de atención, resultan inviables a partir de la autosostenibilidad por venta de servicios; en ocasiones en estos hospitales públicos localizados principalmente en los municipios con poca población, hay poca demanda de servicios o existe oferta de servicios de salud de carácter privado con mejor capacidad resolutiva y eso hace que estas entidades hospitalarias reciban unos ingresos por venta de servicios que resultan inferiores a los gastos y costos de operación. En otras palabras, algunas de estas Empresas Sociales del Estado no alcanzan el equilibrio operacional y por ello financieramente son inviables.
De acuerdo con lo que ha mencionado el Presidente de la República al referirse sobre esta Emergencia Social, al primer mandatario le asiste la preocupación de cómo contener costos evitables que pudiesen estar afectando la estabilidad financiera de estos hospitales públicos. De ahí que se esperen medidas extraordinarias que impliquen la disminución y restricción de gastos administrativos en las Empresas Sociales del Estado, lo que significará obligados ajustes a la estructura y a la funcionalidad de algunas de estas entidades. Muy probablemente haya que redefinir el portafolio de servicios de algunas de ellas, así como revisar los modelos de contratación tanto para la venta de servicios a los clientes del aseguramiento como para la compra de servicios al recurso humano, insumos y medicamentos.
Incluso el gobierno podría aprovechar esta oportunidad de la Emergencia Social para ajustar mediante decretos con fuerza de ley, esquemas de direccionamiento de hospitales públicos que impliquen la supresión de la gerencia de varias Empresas Sociales del Estado y promover la figura de la “gerencia colectiva regional” de un grupo de hospitales públicos y dejar así una sola persona al frente de varias entidades. Ese sería un modelo de restricción de costos administrativos y permitiría volver a la figura de los antiguos “hospitales regionales” que existieron en el viejo Sistema Nacional de Salud que fue modificado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud que llegó con la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con las palabras del Presidente, él desea que se pueda hacer en los hospitales públicos algo similar a lo que se consiguió con la Ley 617 que permitió restringir gastos en municipios y departamentos, generando en este estado de excepción medidas que conlleven también restricción de gastos en las Empresas Sociales del Estado.
Sin embargo, si bien esta medida en esencia está procurando liberar recursos para atención en salud y ahorrarlos en gastos administrativos hospitalarios, lo que resulta en una medida sana y lógica por demás, está por conocerse cuál sería la reacción de los Alcaldes ante esta eventual medida de suprimir la gerencia de algunas Empresas Sociales del Estado, sabiendo que los mandatarios locales vienen siendo nominadores de estos gerentes, tienen la capacidad de liderar sus juntas directivas y la planta de personal de estas entidades se constituyen tal vez en la burocracia municipal más defendida por ellos.
Es indiscutible que con una eventual “regionalización” del gerenciamiento de las Empresas Sociales del Estado, los Alcaldes de esos municipios donde se encuentran ubicadas esos hospitales, perderían poder pues dejarían de colocar a sus personas de confianza en el manejo de “sus” hospitales, y además, se vería amenazada su capacidad de influencia en la contratación y en la burocracia que allí se manejan. A todas luces, una medida de este tipo resultaría más que impopular para los Alcaldes y sobre todo en este instante en el que se vive un intenso momento pre-electoral.
¿Será que el gobierno en medio de esta Emergencia Social y con el ánimo de restringir gastos administrativos en los hospitales públicos es capaz de decretar la “regionalización” de la gerencia de algunas Empresas Sociales del Estados? La respuesta la sabremos en algunos días, pues el gobierno tiene sólo tiene 30 días para expedir los decretos de la Emergencia Social, que como se menciona en el primer párrafo de este escrito, se declaró el pasado 23 de diciembre de 2009.
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