Fertilizacion Proyecto de ley busca su inclusion en el POS

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Proyecto de ley busca que tratamientos de fertilización se incluyan en el POS

Esta semana en la Comisión Séptima de Senado se discutió el proyecto de ley que busca que en Colombia se reconozca la infertilidad como una enfermedad y que los tratamientos se autoricen en el Plan Obligatorio de Salud.

En la audiencia pública participaron académicos, científicos, pacientes y delegados de los ministerios de hacienda y salud.

Actualmente la infertilidad es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, sin embargo en Colombia los ciudadanos solamente tienen derecho al diagnóstico de esta patología.

Según cifras dadas a conocer durante el debate, se estima que actualmente en Colombia hay más de dos millones de personas con problemas de infertilidad, y el costo de los tratamientos oscila entre 17 y 25 millones de pesos.

“De acuerdo a las cifras de algunas fundaciones se habla que son más de 2.5 millones de personas con problemas de fertilidad y estamos hablando que aproximadamente hay 700 mil parejas que buscan y que tienen la necesidad de acudir a procedimientos especializados”, aseguró Nadia Blel Scaff, senadora del Partido Conservador.

La Costa Atlántica es la zona del país con mayores reportes de casos de esta enfermedad, mientras que cerca del 30% de los casos en mujeres se presentan después de los 30 años de edad.

Aunque las cifras son alarmantes y el objetivo de esta iniciativa Incluir en el Plan de Beneficios, las técnicas de reproducción humana asistida reconocidas científicamente para el tratamiento de la infertilidad; la práctica de los estudios requeridos para su diagnóstico, los requisitos para el funcionamiento de los centros de atención en fertilidad y los lineamientos para la Política Pública en dichos tratamientos,  el Gobierno Nacional enfatiza que es importante que se tenga en cuenta los costos que estos tratamientos tienen para el sistema este tipo de tratamientos.

El director científico de Profamilia, Juan Carlos Vargas, indicó que dicha ponencia debe tener en cuenta otros elementos como la necesidad de plantear la formación de nuevos expertos en salud sexual y reproductiva y aclarar qué tipo de personas podrían tener derechos a los procedimientos.

“La investigación de la Encuesta Nacional de Demografía en Salud del año 2010 muestra que en la región de la Costa Atlántica es donde se ha visto un mayor número de consultas de infertilidad y que el 30 por ciento de las consultas por una situación relacionada con dificultades para quedar embarazadas, se trató de mujeres mayores de 30 años”, aseguró Vargas.

Por su parte los delegados del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda como de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral –ACEMI- plantearon los altos costos económicos que el Proyecto de Ley le generaría  al ya debilitado Sistema General de Salud. Por lo que plantearon buscar salidas al tratamiento de la enfermedad, a través de las leyes existentes.

En último debate el Ministerio advirtió que el proyecto de ley resulta Inconveniente “toda vez que recoge una serie de aspectos ya regulados en otras disposiciones de rango legal y reglamentario que hacen parte del ordenamiento jurídico a la vez que generaría un impacto negativo presupuestal, fiscal y financieramente de grandes proporciones en el SGSSS, por tanto, se sugiere al Congreso de la República, respetuosamente, su archivo”.

Sin embargo, la Corte Constitucional a través de una Sentencia en 2015, le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social analizar el impacto fiscal que tiene para el sistema de salud la inclusión de tratamientos de reproducción asistida en el Plan Obligatorio de Salud (Lea:Corte Constitucional pide incluir tratamientos de infertilidad en el POS)

En un fallo de tutela en junio de 2016, la Corte nuevamente le hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social y la Dirección de Regulación de Beneficios y Costos del Aseguramiento en Salud, para que revisen la situación que deben enfrentar las personas que padecen de infertilidad y no cuentan con los recursos económicos para un tratamiento.

Para la Corte, los derechos sexuales están implícitos en los derechos fundamentales a la vida diga, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la información, a la salud y a la educación.

A pesar de los costos que tienen los tratamientos patológicos de la infertilidad, países como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile ya cuenta con la reproducción asistida dentro de los programas estatales de salud.

El proyecto de ley le falta un debate en la Comisión VII para pasar a plenaria.

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