Contraloría evidencia la inequidad y corrupción en la salud

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Contraloría evidencia la inequidad y corrupción en la salud

Una evaluación que realizó la Contraloría General de la República a los resultados del Sistema General de Participaciones –SGP, desde su creación en 2001, encontró que si bien se han alcanzado avances importantes en el tema de las coberturas en salud y educación, no se han cerrado las brechas sociales e inequidades entre las distintas regiones y, por ejemplo, la mitad del país está aún lejos de los niveles mínimos esperados en materia de indicadores de salud pública.

En el caso citado, se evidencian grandes brechas y desigualdades a nivel departamental y municipal, en los resultados disponibles (de las tres vigencias más recientes), para Tasa de Mortalidad Ajustada, Razón de Mortalidad Materna y Cobertura de Vacunación con Triple Viral (Lea: Clase social y salud- las brechas entre clase y género)

De 1122 municipios con información disponible en estos indicadores, más de 500 no cumplieron las metas proyectadas en ninguno de ellos, ni siquiera en mortalidad infantil, donde la meta nacional se alcanzó anticipadamente.

En el caso de los indicadores de educación, la reducción de las brechas  muestra un ritmo muy lento, tanto que se calcula por parte de la Contraloría que superar esta situación puede tomar entre 30 y 48 años.

El ritmo en salud es más acelerado y reducir totalmente la brecha tardaría entre 15 y 24 años.

Para la Contraloría, la situación descrita plantea la necesidad de hacer las transferencias del SGP mucho más progresivas, o sea, privilegiando las zonas más rezagadas.

Corrupción en los recursos del SGP

Los recursos del SGP no son ajenos a los riesgos de corrupción que tienen todos los recursos públicos.

Uno de los principales riesgos, y que están aprovechando los corruptos, es que dentro de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control del Gobierno a estos recursos, no necesariamente  se está verificando si el servicio se está prestando, si el pobre se está realmente beneficiando, si el paciente recibió el tratamiento y si el estudiante existe y está asistiendo a clases, es decir los fines que persigue el SGP.

La Contraloría General ha enfocado su labor auditora en este punto, lo cual le ha permitido encontrar millonarios hallazgos fiscales, destapando distintas formas de fraude (carteles de los hemofílicos y enfermos mentales, y terapias médicas no realizadas, por ejemplo).

En salud, se han detectados riesgos en cuanto a:

-Beneficio a personas con capacidad de pago que están siendo subsidiadas en salud.

-Existencia de incentivos para la perpetuación en el tiempo de condiciones excepcionales en el sistema de salud: el pago de tecnologías no POS y la atención de personas pobres no afiliadas.

-La ausencia de registros consolidados a nivel nacional de personas pobres no afiliadas al sistema, atendidas con cargos a los registros del SGP.

-El costo promedio de atender una persona pobre por fuera del sistema fue tres veces superior a tenerlo afiliado al Régimen Subsidiado.

-De los afiliados del régimen subsidiado que recibieron servicios y tecnologías No POS, el 5% de los pacientes recibieron tratamientos con cargo al 65% de los recursos totales pagados por las Entidades territoriales.

-Uso de los recursos de salud pública para el pago de gastos de funcionamiento en salud de las Entidades Territoriales. Hasta el 59% del total de estos recursos van dirigidos a la entidad territorial y solamente el porcentaje restante – 41%- a la población mediante intervenciones colectivas. 

Asimismo, en Educación la información disponible no permite determinar la población objetivo y se presentan coberturas que no corresponden con la situación real.

¿Qué pasa en el Sector Salud con el SGP?

Los recursos del SGP financian una proporción importante de los gastos en salud en las entidades territoriales y suman $7,8 billones para 2016.  En este sector específicamente no existe una alta dependencia de estos recursos, para el 87% de los municipios estos no representan más del 50% del total de los ingresos del fondo de salud.

Se revisaron los resultados en las tres vigencias más recientes con datos disponibles para la Tasa de Mortalidad Infantil ajustada (2011 a 2013), la Razón de Mortalidad Materna y la Cobertura de Vacunación con Triple Viral (2012 a 2014).

De acuerdo con el análisis, es claro que aunque se alcanza en algunos la meta nacional, se sigue evidenciado a nivel departamental y municipal grandes brechas y desigualdades.

Los resultados muestra que de los 1122 municipios con información disponible, más de 500 no cumplieron las meta proyectadas en ninguno de ellos, ni siquiera en el Mortalidad Infantil, donde se cumplió la meta nacional anticipadamente.

Los promedios nacionales esconden las grandes disparidades que en materia de salud tiene la población colombiana,

En las vigencias analizadas, los departamentos con mejores resultados se mantienen casi que invariables en todos los indicadores y aunque los de menor desempeño también presentan mejoras, los cambios son lentos y no evidencian que las brechas en temas de salud pública cambien drásticamente.

En el componente de salud pública más de la mitad de los recursos del SGP se están destinando al funcionamiento de las direcciones territoriales de salud y no a las intervenciones colectivas dirigidas directamente a la población

La metodología de estimación de Población Pobre No Asegurada (PPNA) ha venido mejorando, por lo que los recursos asignados per cápita son más consistentes en el 2015 que en años anteriores.

La administración de recursos para prestación de servicios de Salud la efectúan los 32 Departamentos, 6 Distritos y los más de 420 Municipios certificados anualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prestación de servicios. Desde el 2008 hasta 2016, 53 municipios certificados han perdido su certificación, pasando de 473 a 420 municipios.

Entre 2012 y 2014 alrededor del 70% de los recursos del componente se destinaron a la prestación de servicios a la Población Pobre No Asegurada (PPNA). El costo de la atención promedio de cada persona pobre no afiliada, fue 3.5 veces más alta que haberlas tenido afiliadas en el Régimen Subsiado.

Esto sugiere, que debe haber un cambio en el modelo o forma en que las entidades territoriales asumen esta competencia, pues son mucho menos eficientes que las EPS en la gestión de los servicios de salud. Lo que se traduce en sobre costos para erario y el no cumplimiento del principio de economía de la gestión fiscal.

El comportamiento cambia abruptamente para 2015 en este componente, pasando los recursos de atención a la PPNA a ser sólo el 6,9%, siendo redirigidos al pago de no POS.

Teniendo en cuenta la dinámica de la demanda de atención de personas pobres, esto puede evidenciar inconsistencia de información o la existencia de otros factores que presionaron el gasto en las vigencias anteriores, dado que estos recursos tienen gran riesgo de ser usados inadecuadamente.

Mayores recursos del SGP para los municipios más pobres

“Colombia necesita cerrar las brechas sociales entre sus regiones. Existen territorios con índices de desarrollo humano parecidos a países de medio-alto desarrollo europeo, mientras que en otras regiones, los municipios con mayor ruralidad presentan índices que se asemejan más a los de países muy pobres”, dice el análisis realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Social.

Ante esta situación, el organismo de control considera que los municipios más pobres deben recibir un SGP per cápita notoriamente superior al promedio y mayor que el de los municipios más ricos y el de aquellos por su actividad económica pueden generar recursos propios.

Reformar el SGP

Al revelar los resultados de este informe, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, consideró necesario plantear una posible reforma al sistema, comenzando con una revisión de los criterios de distribución del SGP, teniendo en cuenta que la condiciones de los sectores que cobija han cambiado frente a la situación que existía hace más de 15 años, en el momento de su creación, lo que puede decirse también de las políticas, prioridades y retos sectoriales.

Para el Contralor, los criterios de equidad son los que deben tener mayor importancia en esta revisión, dado que los planteados hasta el momento no tienen la fuerza suficiente para lograr transformaciones en la regiones más rezagadas.

“La preocupación con la equidad es que es mayor en el discurso que en el contenido de las políticas públicas y el desarrollo normativo”, dice la Contraloría en su análisis de los resultados del SGP.

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