La Contraloría General de la República alertó sobre la difícil situación de los Hospitales públicos en el país, donde el 57% (más de 1000) de los hospitales tienen niveles de riesgo, por el no flujo de los recursos.
Para el Organismo de Control la mayoría de los hospitales públicos no están cumpliendo con las funciones legales que les corresponde en gestión de riesgo, suficiente capacidad financiera, técnica y de calidad.
Esto a causa de las deudas que las EPS tienen con la red hospitalaria, causando iliquidez en las entidades, y la implementación de programas de saneamiento fiscal y financiero.
No flujo de recursos
Según la Contraloría la falta en el flujo de los recursos se da principalmente por:
– Las EPS siguen sin cumplir con la normatividad vigente que establece que el giro de los recursos por capitación debe hacerse anticipadamente dentro de los primeros 10 días de cada mes.
– En los casos en que los servicios se prestan por evento, una vez presentada la factura la EPS debe girar por lo menos el 50% de los recursos dentro de los 5 días posteriores a su presentación, pero tampoco se cumple.
– Las EPS no resuelven oportunamente las glosas sobre esas cuentas que se presentan, justificadas o injustificadas, que se generan en el cobro de los servicios por parte de los centros hospitalarios.
– Existen EPS en liquidación que están insolventes y no pueden cancelar la totalidad de las deudas con los hospitales y éstos afrontan una crisis económica muy grave, que los lleva a no pagar a su empleados, médicos y enfermeras y a evitar cancelar las cuentas de servicios públicos, acudiendo incluso a tutelas para que no les corten la luz y el agua por ser entidades prestadoras del servicio de salud.
– El proceso de facturación por parte de la red hospitalaria presenta notorias debilidades.
Para el Contralor, Eduardo Maya, aunque la debida prestación del servicio se está viendo afectado por la capacidad financiera, no es la única causa del problema.
La Empresas Sociales del Estado – ESE han sido las grandes afectadas pues, a pesar de las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud con el giro directo y la compra de cartera, aún hay pasivos entre las EPS y las ESE sin normalizar.
Es decir, aunque los hospitales siguen prestando el servicio, no cuentan con los recursos oportunamente para su operación, afectado la capacidad financiera de las entidades y a su vez la calidad en el servicio.
Situación que se está repitiendo, además en algunos hospitales privados.
Recursos de la salud en riesgo
El Contralor Edgardo Maya, manifestó además la preocupación en el manejo y ejecución de un porcentaje importante de los recursos de la salud que están en riesgo.
De los 36 billones de pesos estimados se evidenció riesgos en la gestión, específicamente en la administración de la base de datos de los afiliados al sistema, donde la Contraloría encontró la existencia de 155.000 registros que representan $61.800 millones entre duplicados, multiafiliados y fallecidos. Además de riesgos asociados en el registro de cartera entre EPS e IPS
También se pudo establecer que cerca de $2 billones de los recursos para salud pública, dejan de ser efectivos, es decir, las metas en prevención primaria no generan el impacto en la población objetivo.
Recursos transferidos a las regiones
La Contraloría informó que en el 2015 ha hará el seguimiento y vigilancia a 1,4 billones de pesos de los recursos de salud transferidos por el Sistema General de Participaciones, dedicados a la salud pública y atención a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda que fueron asignados en la vigencia 2014. Pues en el 2014 se auditaron 112.406 millones, es decir, un incremento superior al 1000%.
La vigilancia se da con el fin de incrementar la cobertura territorial, entre los que se incluyen los recursos de la salud pública, en los 32 departamentos, las ciudades capitales y tres municipios con mayor riesgo en cada departamento.
Igualmente le Contralor, anunció que la Contraloría actualmente está terminando auditorías a Caprecom, al Ministerio de Salud, a las EPS DUSAKAWI (en el Cesar) y ANAS-WAYUU (en La Guajira), y la Asociación Indígena del Cauca – AIC (Cauca), entre otras. Para el segundo semestre, se ha proyectado realizar otras auditorías sobre entidades del sector salud, como la Superintendencia Nacional de Salud.
